La noticia impacta con fuerza en todos los actores del ecosistema móvil de ese país por las múltiples consecuencias que podría generar su aplicación. Ayer a última hora se supo que la presidenta Cristina Fernández analiza firmar un decreto que exige el estricto registro de la identidad de todos los usuarios prepagos, en un plazo de 180 días. El objetivo explícito del Gobierno es combatir la inseguridad. Se compara los celulares con armas de fuego.

Hasta ayer (jueves) anoche los operadores desconocían el contenido exacto del decreto que crea ese registro. Una de las primeras reacciones entre las compañías fue decir que la medida puede reducir la competencia.

Según el decreto sólo podrán comercializar celulares las empresas legalmente autorizadas. Esto es, quedará prohibida la actividad de revendedores, mayoristas y cualquier otra persona no autorizada. Se creará un registro para las empresas habilitadas para la venta, similar al de los usuarios. Y cada vendedor autorizado deberá demostrar su identidad y registrar, también, sus huella digitales. Vía diario Clarín.