En Chile el Reglamento Penitenciario prohíbe a los reclusos tener celulares. Sólo los centros semicerrados o de reinserción tienen teléfonos públicos. Pese a ello, cada mes Gendarmería decomisa entre 200 y 250 celulares en los penales de la Región Metropolitana. Los aparatos son llevados ocultos por familiares y amigos.

Sin embargo, el diario El Marcurio cuenta que fiscales y policías no hacen todo lo que podrían para impedir ese ingreso ilegal. A veces incluso evitan instalar aparatos inhibidores de señal celular. Porque al interceptar conversaciones de los presos con el exterior, terminan usando los móviles para detectar operaciones de narcotráfico o de fuga.

Según El Universal, en México la situación es distinta. La Cámara de Senadores pidió a las secretarías de Seguridad Pública que erradiquen la entrada de celulares en cárceles para prevenir los fraudes y extorsiones telefónicas. Detalló que existen 240 bandas de extorsionadores que operan desde diversas prisiones, y que en los últimos seis años esos grupos recaudaron más de186 millones de pesos mexicanos.

Más al sur, el Ministerio de Justicia brasilero anunció el uso de una nueva tecnología para bloquear el uso de celulares en las cárceles. Llamados “maletas”, los equipos son sistemas de extracción de identidad de celular (ERB móvil), que los identifica y puede desconectarlos. El Ministerio ya preparó la licitación para la compra de 35 equipos que deberá aprobarse este año.

Por último, en esta breve jurisprudencia de comunicaciones móviles carcelarias, encontramos el caso de Murphy, un perro Springer Spaniel Inglés entrenado por un tal Mel Barrer en el Reino Unido, no para detectar drogas sino celulares. Al parecer, el teléfono móvil adquiere un olor característico (no a rosas, precisamente) en el que nuestro amigo Murphy es especialista.