Por Nicolás Falcioni

¿Cómo puede ser que en los ámbitos gubernamentales de Latinoamérica el celular siga considerándose un bien de lujo, y todavía subvencionemos los teléfonos fijos, cuando es evidente que si queremos llegar a los más pobres tenemos que usar la plataforma móvil? Esa fue, palabras más o menos, unas de las preguntas que se hizo hace un tiempo Hernán Galperin, director del Centro de Tecnología y Sociedad de la Universidad de San Andrés e investigador del DIRSI.

Poco después, junto a Judith Mariscal, Galperín terminó de elaborar un exhaustivo trabajo sobre telefonía móvil y pobreza en América Latina. Uno de los hallazgos fue la dispersión entre el uso del celular e Internet en las personas de bajos recursos. Cuando le preguntaron a la gente cómo accedió a algún tipo de servicio digital, menos del 10% dijo haber usado internet tradicional y más del 60% mencionó el celular.

También encontraron que mientras la telefonía móvil es sumamente apreciada por los pobres como una herramienta que fortalece los lazos sociales y brinda una mayor seguridad personal, las aplicaciones de gobiernos o los servicios bancarios prácticamente no aparecen.

¿Qué está haciendo el Estado en materia de servicios móviles? A lo largo de 2008 vimos surgir emprendimientos aislados, en los que varios organismos intentaron ofrecer herramientas para simplificar trámites o para comunicar políticas puntuales.

En Argentina, el gobierno nacional envió 40 millones de SMS para generar conciencia vial entre los automovilistas en Semana Santa. La agencia de recaudación fiscal (AFIP) puso en marcha el servicio Mi celular, que permite recibir en el móvil (de forma gratuita) alertas de vencimientos de algunos impuestos. Su homólogo en la provincia de Buenos Aires, la Agencia de Recaudación de la provincia de Buenos Aires (ARBA), utilizó el canal SMS para comunicar las deudas de unos 500 mil morosos del impuesto Inmobiliario. Poco después, esa misma dependencia amplió el espectro de trámites con la implementación de un portal Wap.

En octubre, el Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires informó que dio inicio el análisis para incorporar una serie de servicios móviles multimedia al sistema del 911. Por primera vez en la historia, los ciudadanos de La Plata pudieron votar mediante SMS para elegir el Presupuesto Participativo 2009. Y el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires informó que el proyecto de pago de estacionamiento callejero vía celular podría ser lanzado a principios de 2009.

En Chile, el gobierno utilizó el canal SMS para lanzar alertas de restricción vehicular; y el Servicio Electoral (Servel) ofreció un servicio que permitió a los usuarios hacer todas sus consultas referentes a las elecciones de Alcaldes y Concejales 2008

En Paraguay las operadoras móviles llegaron a un acuerdo con el Ministerio de Agricultura y Ganadería para publicar diariamente los precios agrícolas vía SMS; y en Perú el gobierno hizo algo similar pero para dar a conocer el precio del pescado a lo largo de los pequeños pueblos de la costa. Y por último, en México ya está en funcionamiento un sistema para el pago de los parquímetros vía celular.

Tal vez, estas implementaciones no alcancen para dar respuesta a tres de las principales conclusiones a las que llegó el trabajo ya mencionado de Galperín y Mariscal:

1) Existen oportunidades para llegar a un sector no bancarizado.
2) Estamos desaprovechando la plataforma móvil para llevar servicios a una población que no tiene acceso a otro tipo de red.
3) Las políticas regulatorias y fiscales son incomprensibles y necesitan modificarse.